El Ministerio de Trabajo dejó sin efecto11 circulares expedidas Durante la administración de Gustavo Petro, una decisión que genera preocupación entre organizaciones sindicales y sectores laborales.
Las circulares abordaban diferentes asuntos relacionados con la jornada laboral, horas extras, estabilidad laboral reforzada, permisos sindicales, trabajo doméstico, vigilancia privada, trabajadores de plataformas digitales y negociación colectiva, entre otros temas.
Una de las medidas que genera mayor atención es la Circular 0040 de 2026, que establecía lineamientos sobre jornada, horas extras y trabajo suplementario para los trabajadores de la seguridad privada.
Desde el Gobierno se argumenta que algunas de estas circulares habrían excedido las facultades del Ministerio del Trabajo y que este tipo de documentos no pueden crear obligaciones nuevas por encima de lo establecido en la ley.
Sin embargo, centrales obreras y organizaciones sindicales cuestionan la decisión y advierten que podría representar un retroceso en las garantías laborales y sindicales.
Es importante aclarar que la eliminación de estas circulares no significa que desaparezcan derechos establecidos directamente por la ley, como las horas extras, la jornada laboral o las garantías de estabilidad laboral.
Lo que cambia son algunos lineamientos administrativos utilizados para orientar su aplicación y vigilancia.
Entre las 11 circulares dejadas sin efecto se encuentran disposiciones relacionadas con:
• Jornada máxima y horas extras.
• Trabajo doméstico.
• Estabilidad laboral reforzada.
• Cuidado y equidad de género.
• Libertades y permisos sindicales.
• Seguridad privada.
• Procesos disciplinarios y terminación de contratos.
• Reforma laboral.
• Trabajadores de plataformas digitales.
• Negociación sindical.
• Empleo doméstico remunerado.
La decisión abre una nueva discusión entre el Gobierno y las organizaciones sindicales sobre el alcance de las medidas laborales adoptadas durante la administración anterior.
Mientras el Ejecutivo defiende la decisión desde el punto de vista jurídico, los sindicatos la consideran una señal de posible debilitamiento de las protecciones laborales.
